El dr. Rogelio Ramírez de la O, actual titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), anunció en días pasados que la virtual presidenta electa de México le solicitó continuar al frente de dicha dependencia “por tiempo indefinido”.

Entre los puntos que detalló el secretario en una llamada con inversionistas, y posteriormente a través de un comunicado de prensa emitido por la SHCP, resaltó el de reducir “el endeudamiento generado cada año de cara a 2025 […] en torno a 3% del PIB.”

De acuerdo con los Pre-Criterios Generales de Política Económica 2025 de la SHCP que se publicaron en marzo de este año, el déficit público expresado en por ciento del PIB pasaría de 5.0 por ciento en 2024 a 2.5 por ciento en 2025. De acuerdo con Hacienda, entre otros factores que permitirían lograr esta meta destaca el de una reducción del gasto neto pagado de 26.9 por ciento a 24.0 por ciento del PIB entre un año y otro. El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), la medida de deuda más amplia en nuestro país, se mantendría alrededor de 50 por ciento del PIB.

¿Es realmente viable que la siguiente administración logre una reducción tan abrupta del gasto durante su primer año de Gobierno? En particular, ¿se podrá reducir la presión de un mayor gasto si la siguiente mandataria se comprometió a concluir las obras emblemáticas de López Obrador y, con una mayoría prácticamente calificada en el Congreso, probablemente busquen extender el alcance de algunos programas sociales vigentes al elevarlos a nivel constitucional?

La terminal de Bloomberg reporta los cambios implícitos en la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal (FED) obtenidos a partir de los futuros de la tasa de interés de fondos federales (nota: teclear WIRP, presionar tecla y seleccionar la opción de Estados Unidos).

A pesar de la utilidad de estos cálculos en lo que respecta a las expectativas del mercado para la tasa de referencia de la FED, éstos cambian constantemente. Y no solo ocurrió en marzo de 2023, cuando el mercado descontó una baja de tasas más adelante ese año por la crisis que generó la quiebra de Silicon Valley Bank. A finales del año pasado, ante la confirmación de un proceso desinflacionario y la posibilidad de que la política monetaria restrictiva generara un freno o incluso una caída en la economía norteamericana, la opción WIRP desplegaba la expectativa de seis recortes en la tasa referencia a partir de marzo.

Y al llegar marzo, las expectativas del mercado cambiaron ante datos de crecimiento sólidos, una inflación subyacente persistentemente alta y la retórica utilizada por distintos miembros de la FED sobre la necesidad de confirmar la trayectoria de la inflación hacia el objetivo de 2%. A principios de ese mes se esperaban ya solo cuatro recortes en la tasa de la FED, mismos que ocurrirían a partir de junio de acuerdo con la opción WIRP de Bloomberg.

El 20 de marzo, cuando se dio a conocer un gráfico de puntos (dot plot) de los miembros de la FED y el presidente del organismo dejó claro que no bajarían la tasa hasta tener “más confianza” sobre la convergencia de la inflación hacia su objetivo, las expectativas se ajustaron a tres recortes iniciando éstos en junio.

A mediados de abril ya eran dos recortes. A finales de dicho mes: un recorte. Incluso algunos analistas empezaron a considerar la posibilidad de observar un incremento en la tasa de referencia en 2024 (algo que quedó descartado por el presidente de la FED en su más reciente conferencia de prensa).

La expectativa de menos recortes contradice lo que debería hacer la FED ante una economía que se frena. Y efectivamente el crecimiento en Estados Unidos se ha desacelerado (1.6% a tasa trimestral anualizada o tta en el 1T-24 contra una expectativa de 2.5% tta). ¿Cuál es el problema entonces? Que la desaceleración no ha generado un descenso significativo de la inflación.

Entre las principales presiones inflacionarias que cobraron fuerza hacia el cierre de 2023 en México, destaca la ejercida por el componente no subyacente del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), aquel que se calcula con los precios de productos agropecuarios, energía y tarifas administradas por el gobierno (derechos por suministro de agua, peaje y tarifas de transportación, entre otras).

En varias ocasiones, la inflación no subyacente se ve alterada por choques de oferta. Uno de los más notorios fue el que generó la pandemia de COVID-19, cuando las restricciones a la movilidad afectaron cadenas de suministros y la relativa escasez disparó los precios de una gran cantidad de materias primas, principalmente alimentos y energía. La distorsión fue tan severa que los precios de estos insumos se vieron afectados hasta el segundo semestre de 2022, sin que la política monetaria restrictiva que habían iniciado los bancos centrales meses antes mitigara el efecto de los choques.