Durante casi tres décadas, la economía de México ha sido capaz de resistir de todo: una creciente inseguridad, la corrupción y la impunidad que la acompaña, alternancia de partidos en el poder, la crisis global del 2008, etcétera. En todo ese tiempo, la variable que sufría las consecuencias de no tener mejores condiciones ha sido el crecimiento.

La inflación y las tasas de interés se confinaron a un espacio reducido gracias al arreglo institucional que las aplacó y a la idea entre los inversionistas de que el país, poco a poco, construía un arreglo democrático con contrapesos visibles.

En esta semana hemos visto debilitarse esa imagen. No se trata de si es técnicamente justificable o no el nuevo aeropuerto o si sería para beneficio exclusivo de los “sospechosos comunes”; la idea que ha tomado forma es provocada por la manera en que se intentó justificar la decisión del gobierno entrante al respecto.

La consulta, con todas las deficiencias que se conocen, no fue un ejercicio auténticamente democrático, por ello, la idea que ha tomado forma es que en los siguientes años México parece volver a ser un país políticamente inestable. Esta condición es más costosa que muchas otras con las que tratamos a diario.

Los mercados financieros no son un ente abstracto y maligno al que le gusta causar problemas. Son un entramado de personas, como usted o como yo, unas con más y otras con menos, que deciden todos los días qué hacer con su dinero: el que se han ganado a base de trabajo o de fortuna.

Estas decisiones se reducen a elegir en qué lugar hay más seguridad y mejor retorno para sus recursos. Por lógica, estas decisiones son frías y en la medida de lo posible bien calculadas.

Cuando existen proyectos atractivos con ganancias aparentes y cuando hay certeza sobre su posible marcha, estas personas están dispuestas a dedicar sus recursos o los de terceros sobre los que tienen responsabilidad a financiar dichos proyectos.

En México, hemos tenido momentos prometedores en el pasado. En los finales de los años 70, cuando se descubrieron grandes reservas de petróleo; en los años 90, cuando se concretó la apertura comercial en el tratado más grande del mundo con Estados Unidos, y en el 2000, cuando se observó que había capacidad para alternar el poder de manera pacífica.

En todos esos años hubo mucho dinero dispuesto a invertir en México y hubo también muchos abusos, corrupción y resultados pobres.

Después de la crisis del 94 y de dos décadas donde pagamos los platos rotos de un esquema que abusó del poder, se comenzó a entretejer un arreglo con mayor visión de institucionalidad.

En el 97, el PRI perdió el Congreso, en el 2000 el PAN ganó las elecciones presidenciales, en el transcurso de esos años se crearon instituciones que aportaron solidez: la autonomía del Banco de México, el Sistema de Ahorro para el Retiro, el instituto de acceso a la información, la autoridad electoral independiente, el centro de atención a desastres, sólo por mencionar algunas.

Esta evolución hizo que en un mundo donde no se terminaron las convulsiones financieras, México la librara bien. Sin dejar su estatus de mercado emergente, ostentamos mucho más estabilidad que la mayoría de los países que pertenecen al segmento. Nos faltaba concretar pasos en la misma dirección. El gobierno actual generó una expectativa positiva, debido a la concreción de reformas que ya se sabían que eran necesarias.

Sin embargo, el abuso de nuevo, la corrupción y la impunidad descaradas provocaron la mayor decepción e hicieron que aflorara un sentimiento natural de agravio. El gobierno que está por empezar ganó legítimamente al prometer terminar con estas condiciones.

Quienes participamos en los mercados entendimos el mensaje de las elecciones y aún consideramos que no está peleada la idea de reducir la corrupción y la impunidad con la de generar mayor crecimiento. Por eso se tomaron como positivos los primeros mensajes de respeto a la disciplina fiscal y de aceptación de la nueva versión del TLCAN.

La manera en que se decidió la cancelación del nuevo aeropuerto provoca desconfianza. Implica que el nuevo gobierno tendrá la fuerza para imponer cualquier decisión bajo justificantes poco fundados y con prácticas que desdeñan las opiniones contrarias, no necesariamente enemigas. Es lógico que tal discrecionalidad quite incentivos a los inversionistas que exigen un premio mayor por mantener recursos financiando empresas o proyectos en México.

Hago votos para que las acciones del presidente electo y su gobierno tiendan a respetar el arreglo institucional en la búsqueda de su objetivo de menor corrupción, menor impunidad y mayor igualdad. La existencia de contrapesos creíbles al ejercicio del poder les beneficia, porque habrá más recursos disponibles para emplearlos en el alcance de las metas que se propongan.

Los mercados financieros no pretenden tomar por sí mismos las decisiones, simplemente las evalúan y deciden emplear o no sus recursos en financiarlas. No contar con ellos ya implica, desde hace días, un costo más alto para el gobierno y para quienes en algún momento pagaremos las consecuencias de sus acciones.

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Esta columna se publica semanalmente en el periódico El Economista, en versión impresa y online.

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