Incluso en este sexenio que aún no termina, en los momentos más críticos, el gobierno decidió mantener cierta disciplina fiscal. El esfuerzo de recorte implementado en 2016 y 2017 se concentró en el gasto de inversión pero, junto con la aportación de los remanentes de utilidades del Banco de México, sirvieron para revertir el aumento del déficit primario (que no considera el pago de intereses) y el aumento del endeudamiento, a tal grado que el año pasado cerramos con un superávit primario y un descenso de la deuda pública como porcentaje del PIB.

La reforma fiscal que se aprobó en 2014 fue exitosa en incrementar el ingreso del gobierno procedente del pago de impuestos. Los ajustes permitieron reducir la dependencia de los ingresos de petróleo y elevaron la recaudación, aunque esta siga siendo de las más bajas en la OCDE y en la región de Latinoamérica.

A pesar de lo anterior, el Gobierno de México sigue operando con recursos limitados, en buena parte, por las decisiones de aumentar el gasto con orientación social y por restringir los ingresos derivados de impuestos especiales como el proveniente de los combustibles.

La cuenta sencilla que hacía el ex secretario de Hacienda es válida: de 5.5 millones de millones de pesos que totaliza el gasto del gobierno, 1.5 se dedican a pagar intereses y el costo de la deuda, otro 1.5 a participaciones a Estados y Municipios, otro millón de millones cuesta mantener la operación del gobierno y el resto es destinado a programas de desarrollo social y dependencias como el IMSS, ISSSTE, Pemex y CFE. La inversión pública directa solo suma 0.32 millones de millones en esta cuenta. No hay para más.

Ahora bien, en común, los candidatos a la presidencia han aceptado la necesidad de mantener en orden la cuenta pública, aunque sin ahondar en cómo lo harían.  Las propuestas en general se centran en otorgar más beneficios a la población; en pocos casos a aumentar el gasto de inversión. Si cerca del 80% de los recursos, de acuerdo con las autoridades, son “compromisos ya adquiridos” ¿de dónde saldrán los recursos para financiar un mayor gasto en asistencia social sin alterar el estado de las finanzas públicas?

Un caso muy relevante es el tema de los precios de los combustibles. La liberalización de la gasolina ejecutada a principios del año pasado implicó la imposición de un impuesto específico al precio que podía llegar a ser de hasta 4.6 pesos por litro. Este año, los ajustes en el mercado internacional y en el tipo de cambio han provocado que los precios de la gasolina hayan subido cerca de 10% en promedio desde enero a la fecha. Pero el monto del impuesto ha venido recortándose, de tal modo que el gobierno “subsidia” el precio al no cobrar casi el 60% del mismo ($2.7 pesos por litro aproximadamente). Lo anterior significa que la gasolina debiera ser aún más cara si el impuesto se cobrara por completo.

Pueden pasar dos cosas. 1) El gobierno puede decidir antes del 1º de diciembre cobrar la totalidad del impuesto, afectando el precio final de la gasolina, si las presiones en el contexto internacional continúan; o bien 2) Dejar al nuevo gobierno con una situación de mayor vulnerabilidad ante la reducción de los impuestos que se tenían programados.

En resumen, el nuevo gobierno tendrá que aplicarse mucho si desea a partir del próximo año, cumplir con sus promesas de mayor asistencia social, no elevar el precio de la gasolina y mantener las cuentas públicas sin un deterioro. Su propuesta de presupuesto se tiene que presentar al Congreso entre el 1º y el 15 de diciembre de este mismo año; seguramente ya trabajan en ello.